Buenos Aires, 30 de agosto de 2000 CONSIDERANDO: 

 I. La decisión apelada, luego de recordar, los antecedentes fácticos y jurídicos de la cuestión 

planteada, y genéricamente insistir, sobre los extremos de admisibilidad que deben reunir las 

medidas cautelares contenidos en el art. 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 

así como también señalar la finalidad primordial de este tipo de proceso, rechazó la medida 

cautelarpeticionada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Para tomar tal 

decisión la señora Juez argumentó que dentro de los órganos del Colegio Público de Abogados de 

la Capital Federal, funciona el Tribunal de Disciplina, con facultades para sustanciar los sumarios 

por violación de las normas de ética y aplicar las sanciones correspondientes (v. incisos a) y b) del 

art. 39, 12, ley23.187). En consecuencia, aparece, en principio, ser dicho Tribunal el encargado de 

llevar a cabo los trámites necesarios para corregir o decidir la supuesta infracción, sin que se 

advierta razón alguna por la cual dicho Tribunal no pueda actuar con la premura que la cuestión 

puede suscitar, resultando innecesario acceder a la tutela requerida.

 II. Cabe resaltar que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal atribuyéndose 

legitimación para ejercer "la acción pública" invocando para tal finalidad el inc. j) del art. 21 de la ley 

23.187 inició el presente proceso cautelar autónomo para obtener una orden judicial a los efectos 

de que los abogados A. y D', ambos matriculados de esa institución colegiada, y como titulares del 

estudio jurídico "A.-D'." se abstengan de ofertar y publicitar servicios de asesoramiento jurídico por 

medio de la página www.divorcio-online.com u otra que la reemplace en el futuro, habida cuenta 

que tal servicio vulnera en forma grave y manifiesta el régimen de la ley 23.187 y el Código de Ética

Profesional del ejercicio de la abogacía hasta tanto se inicie la correspondiente acción de fondo o el 

Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados decida sobre la sanción a aplicar. 

III. Preliminarmente se impone aclarar que la iniciación de este proceso medida cautelar 

autónoma- no concuerda técnica ni jurídicamente con lo resuelto por unanimidad por el Consejo 

Directivo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, según constancias de la causa, 

con fecha 30 de marzo de 2000. En efecto lo que se decidió por unanimidad fue, en primer lugar, 

la remisión del caso al Tribunal de disciplina con copia del Acta señalada y la iniciación de una 

acción de amparo para que se impida este tipo de servicio jurídico vía Internet. Siendo ello así, y 

dentro del estrecho marco cognoscitivo del proceso cautelar iniciado no parece irrazonable el 

argumento primordial contenido en la decisión apelada y que ha sido trascripto en el Considerando 

I de la presente máxime el apelante no ha arrimado ninguna constancia sobre la iniciación de algún

 trámite sumarial que permita inferir el ejercicio de las facultades otorgadas por parte del Tribunal de 

Disciplina, órgano indiscutible para examinar primariamente –previo cumplimiento del debido 

proceso adjetivo- la conducta desplegada por los profesionales cuestionados y, en su caso, 

disponer y/o solicitar las sanciones disciplinarias pertinentes como así también solicitar, en su 

caso, de ser necesario, las medidas judiciales si persisten en las conductas que ocasionan, 

eventualmente, perjuicio al ejercicio profesional y a la ética de los abogados. 

Por lo demás, el requisito del peligro en la demora que requiere el inc. 2) del art. 230 no se 

encuentra acreditado puesto que desde el 30 de marzo de 2000 hasta el presente no se ha 

arrimado ningún elemento que permita inferir –ni siquiera mínimamente- un perjuicio irreparable, 

concreto y actual. 

En las condiciones enunciadas, SE RESUELVE: confirmar la resolución apelada. 

jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, con la 

presidencia del Dr. Roberto Mario Mordeglia y la presencia de los señores vocales doctores 

Bernardo Licht, Nestor Buján, Pedro Coviello, María Inés Garzón de Conte Grand, Jorge Damarco, 

Roberto Mordeglia, María Jeanneret de Pérez Cortés, Guillermo Galli, Pablo Gallegos Fedriani, 

Luis C. Otero y Alejandro Uslenghi y del señor Fiscal General de Cámara Dr. José María Medrano, 

para resolver respecto de la causa "MARROQUIN URQUIOLA,IGNACIO FRANCISCO C/ESTADO 

NACIONAL - MINISTERIO DEL INTERIOR - PREFECTURA NAVAL ARGENTINA S/PERSONAL 

MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG." y VISTA:

La invitación formulada por la Sala III en los términos del artículo 302 del Código Procesal, y

 CONSIDERANDO:

I.- Que por resolución plenaria del 6 de noviembre de 1986, dictada en la causa "ASTARIDA, Alberto 

Carlos c/Estado Nacional s/restitución en el cargo ésta Cámara, en su anterior composición fijó 

como doctrina legal que las impugnaciones de las sanciones de agentes de organismos militares, 

policiales y de seguridad, están sujetas al plazo del artículo 25 de la ley 19.549.- 

 II.- Que con fecha 31 de marzo de 1999, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al resolver la 

causa "Tajes, Raúl Eduardo c/Estado Mayor del Ejército", sentó, en los aspectos referidos, doctrina 

contraria a la de este tribunal.-

 III.- Que mantener la vigencia del plenario "ATARIDA" obligaría a los magistrados del fuero a ajustar 

sus pronunciamientos a la doctrina allí fijada, así en los supuestos alcanzados por el fallo de la 

Corte in re "TAJES", con el consiguiente desgaste jurisdiccional, por razones de economía procesal

aconsejan dejar sin efecto aquella doctrina.

 RESOLVIERON:

 Dejar sin efecto la doctrina fijada en el plenario dictado en los autos "ASTARIDA, Alberto Carlos", 

con fecha 6 de noviembre de 1986.

Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces presentes y el señor Fiscal General de 

Cámara, por ante mi doy fe.

 DISIDENCIA DEL DR. GALLI:

 I.- Que mantener la vigencia del plenario "ASTARIDA" obligaría a los magistrado del fuero ajustar 

sus pronunciamientos a la doctrina allí fijada, así en los supuestos alcanzados por el fallo de la 

Corte in re "Tajes", con el consiguiente desgaste jurisdiccional, por lo que razones de economía 

procesal aconsejan dejar sin efecto aquella doctrina.-

 II.- Que, sin embargo, la necesidad de otorgar a los litigantes seguridad en las decisiones, a fin 

de impedir que nuevas interpretaciones respecto de la cuestión tengan como consecuencia el 

dictado de sentencias contradictorias, resulta conveniente, de acuerdo a lo previsto en el art. 302, 

primera parte, del Código Procesal, convocar a nuevo plenario a efectos de sentar nueva doctrina 

en la materia.-

 Por ello, resolvieron dejar sin efecto la doctrina fijada en el fallo plenario dictado en los autos

 "ASTARIDA, Alberto Carlos", con fecha 6 de noviembre de 1986 y convocar a acuerdo plenario a fin 

de sentar doctrina respecto de la aplicación de la ley 19.549 a los procedimientos en las fuerzas 

armadas.-

PROCONSUMER y Otros s/ Acción meramente declarativa

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Superintendencia de Administradora 

de Fondos de Jubilaciones y Pensiones c/ Orígenes Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones 

Sociedad Anónima", para decidir sobre su procedencia. 

Considerando:

1) Que con motivo de las actuaciones cumplidas en el expediente administrativo 3262/95, la Superintendencia 

de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones formuló cargos a Savia AFJP S.A. por infracción 

de distintas normas reglamentarias que regulan la actividad de las entidades que administran el régimen 

previsional de capitalización individual instituido en la ley 24.241.

2) Que, en particular, se imputó a la administradora mencionada el incumplimiento de los

 deberes de contar con libros de registros rubricados de las solicitudes de beneficios presentadas 

por los afiliados, de exhibir informes en forma mensual relativos a liquidación de premios del seguro 

colectivo de invalidez y fallecimiento contratado por aquélla y de dar el trámite correspondiente a dos

pedidos de pensión (actas 10.815, del 28 de abril de 1995 y su complementaria 10 501, del 9 de mayo

 del mismo año; fs. 1/7; 180/186; 193/197).

3) Que en razón de que Savia AFJP S.A. no presentó ante la autoridad administrativa el descargo previsto en 

el art. 118, inc. rr, punto 2, de la ley 24.241 respecto de las infracciones verificadas y con el fin de garantizar el 

derecho de defensa de Activa-Anticipar AFJP S.A. -que había absorbido a aquélla por fusión desde el 29 de 

diciembre de 1995- la superintendencia le confirió vista de las actuaciones para alegar con fecha 4 de octubre 

de 1996, según los términos del art. 8 del reglamento del procedimiento sumarial, aprobado por resolución 

352 96 (fs. 209/214).

4) Que una vez cumplido ese trámite y producido el dictamen legal correspondiente la superintendencia

ponderó que las conductas reprochadas atentaban contra la integridad del sistema de jubilaciones y 

pensiones, y que el incumplimiento delas normas, en especial las referentes a pedidos de beneficios 

previsionales,ponía en peligro la situación de los afiliados y sus causahabientes de acceder asus legítimos 

derechos frente a las contingencias de vejez, invalidez y muerte.

5) Que por tales razones y dado que por resoluciones 854/95, del 19de diciembre de 1995, y 887/96, del 20 

de diciembre de 1996, la autoridad de control había autorizado la fusión por absorción de Savia AFJP S.A. por 

Activa Anticipar AFJP S.A. y, a su vez, la de ésta por Orígenes AFJP S.A., dichoorganismo dispuso imponer a 

esa última administradora una multa equivalente adoscientos cincuenta AMPO -$ 20.000-, según las 

facultades otorgadas por la ley 24.241 respecto de las omisiones descriptas (arts. 117, 118, incs. a, b, rr y t;119, 

incs. b y c, y 152, inc. b; resolución 277/97, del 9 de mayo de 1997, fs. 241/245).

 6) Que al deducir la apelación ante la cámara, la empresa sancionadaalegó que las infracciones anotadas 

constituían defectos meramente formales -de tipo informativo y estadístico, en su mayoría- subsanados 

posteriormente sin causar perjuicio; que la sanción resultaba irrazonable en atención al tiempotranscurrido y 

que a la fecha de producirse la fusión la sociedad desconocía laexistencia del acta de fiscalización Nro. 10.815 

(fs. 269/277).

7) Que la superintendencia produjo el informe de elevación a la cámara requerido por el reglamento de 

sumarios (fs. 326/334), en el cual hizo hincapiéen la responsabilidad de Orígenes AFJP S.A. por las 

infracciones cometidas por Savia AFJP S.A. a la luz de lo dispuesto en el art. 82 de la ley 19.550, así como en 

las resoluciones de ese organismo -ya citadas- que habían aprobado la fusión delas administradoras y 

establecido que la absorbente se hacía cargo de las consecuencias derivadas de los sumarios en trámite 

por hechos imputados a lasentidades absorbidas. Las conclusiones de ese informe formaron parte de la 

resolución 429/97 de la superintendencia, notificada a Orígenes AFJP S.A. (fs. 340/347).

8) Que, al revocar el pronunciamiento que impuso la sanción, la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Comercial consideró que no correspondíatrasladar a Orígenes AFJP la responsabilidad derivada de una 

falta administrativa cometida por una sociedad que fue posteriormente absorbida por aquélla mediante

sucesivos actos de fusión, y que carecía de sentido útil el reproche dirigido a la absorbente cuando ésta 

constituía un sujeto distinto del que había incurrido en las conductas cuestionadas y "nadie" la había prevenido 

de los vicios o defectos que impedían tal fusión (fs. 362/365). 

9) Que, respecto de esa decisión, el organismo administrativo dedujo el recurso extraordinario cuya denegación 

dio lugar a la presente queja. Aduceque la exención de responsabilidad decidida por la alzada desconoce los 

términos de la controversia, introduce cuestiones ajenas al debate entre las partes conlesión al principio de 

congruencia y prescinde sin razones valederas de elementos conducentes de la causa y del texto legal 

aplicable.   Asimismo, sostiene que el fallo desvirtúa la finalidad ejemplar que persigue la imposición de la 

multa y conduce a la impunidad de las administradoras que infringen las normas reglamentarias poniendo 

en riesgo la supervivencia del sistema previsional (fs. 405/ 412). 

10) Que resultan procedentes los agravios basados en la arbitrariedaddel fallo, pues para liberar a Orígenes 

AFJP S.A. de las consecuenciasadministrativas de las infracciones imputadas a la empresa fusionada, el 

a quo introdujo una defensa no invocada en la apelación ante la cámara con apartamientode la relación 

procesal existente y de los extremos de hecho y de derecho a que se circunscribía el litigio (Fallos: 310:1753; 

314:536 y 1875; 315:106; 316:380 y 2447). 

11) Que la conclusión de la alzada importó asignar al acto de fusión efectos extintivos de la responsabilidad 

por las faltas atribuidas a Savia AFJP S.A., solución que no constituye una correcta aplicación del principio iura 

curia novit, toda vez que esa cuestión excedía los términos en que se hallaba planteadala controversia y 

contradecía de modo manifiesto los alcances del negocio jurídico celebrado entre las administradoras 

involucradas.           

12) Que el defecto señalado cobra particular relevancia frente al hecho -puesto enevidencia en el expediente- 

de que la absorción de Savia por Activa-Anticipar y la de ésta por Orígenes habían sido autorizadas por el 

organismo de control de las administradoras de jubilaciones con cláusulas explícitas que regulaban las 

condiciones a que estaba sometido dicho acto, en virtud de las cuales la empresasubsistente -Orígenes 

AFJP S.A.- asumió sin reservas la responsabilidad patrimonial derivada de los sumarios administrativos 

-ya tramitados, en trámite oque se iniciaran después de la absorción por hechos anteriores- contra las 

entidades absorbidas (conf. considerando 7 de este fallo; art. 3 de las resoluciones respectivas y sus 

considerandos, que en copias corren agregadas a fs. 371/377 y 380/386). 

13) Que dadas las atribuciones específicas conferidas por el legislador a la superintendencia para autorizar 

la disolución por absorción de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones sujetas a su 

fiscalización y regular las exigencias de ese acto (arts. 40, 62, 73, 117, 118 y 119, ley 24 241; instrucción 

S.A.F.J.P. 127/95), la cámara se hallaba impedida de cancelar válidamente -a consecuencia de la fusión- la 

responsabilidad derivada de los sumarios pendientes contra Savia AFJP S.A. en el ámbito de ese organismo, 

pues ello implicaba privar virtualmente de efectos a los límites impuestos por la autoridad de control al tiempo 

de aprobar -con los alcances ya indicados- la referida fusión. 

14) Que por ser ello así la causa de exención aplicada por el a quo desatiende los antecedentes y el marco de 

regulación aplicable al caso, a la vez que desvirtúa la esencia del acto de absorción que, por significar una 

sucesión a título universal de todos los derechos y obligaciones y no implicar la liquidación de las entidades 

absorbidas (art. 82, ley 19.550), no hace fenecer lasresponsabilidades pendientes en la medida en que las 

sociedades fusionadas sobreviven en la realidad jurídica y económica, transformadas e integradas en la 

empresa absorbente (conf. voto en disidencia de los jueces Marco Aurelio Risolíay Margarita Argúas en 

Fallos: 279:247).

15) Que, por lo demás, es reiterada la jurisprudencia de este Tribunal que ha resuelto que las correcciones 

disciplinarias no importan el ejercicio de la jurisdicción criminal propiamente dicha ni del poder ordinario de 

mponer penas (Fallos: 251:343 y sus citas; 256:97; 261:118; 275:265; 281:211; 303:1776) por lo que no cabe 

extender sin más a su respecto exigencias vinculadas con la atribución de responsabilidad penal de las 

personas físicas cuando ello se opone a normas que regulan con claridad los efectos de la fusión de 

empresas que, poradministrar los aportes de trabajadores incorporados al régimen de capitalización, se 

hallan sujetas a rigurosas reglamentaciones en resguardo del derecho de los afiliados y de la integridad del 

sistema previsional.

16) Que no se trata de trasladar a Orígenes AFJP el reproche subjetivopor infracciones atribuidas a un tercero 

pues -como lo señaló la cámara- dicha administradora encierra a Savia AFJP, incorporada primero en Activa-

Anticipar y absorbida después por aquélla, lo que pone de manifiesto la presencia de una continuidad de la 

personalidad jurídica y, por otro lado, que los compromisos asumidos por la entidad subsistente respecto de

 las empresas que absorbió, son consecuencia de sus propios actos y de lo establecido en el régimen 

jurídico al que voluntariamente sometió su actividad (doctrina de Fallos: 308:72; 311:1880; 312:1706 y sus 

citas; 316:3199; 317:1759, entre muchos otros). 

17) Que por haber quedado delimitada durante el procedimiento de fusión celebrado motu proprio la 

transferencia de la responsabilidad a la absorbente por las sanciones administrativas que podían 

corresponder a Savia AFJP S.A., es irrazonable la conclusión del fallo que conduce a la impunidad de las 

infracciones de esa índole atribuidas a la referida empresa, máxime cuando una de las características que 

distinguen el hecho ilícito administrativo del delito penal es la posibilidad del agente de allanarse a las 

consecuencias de aquél. Y cuando, además, es ajeno a la materia de esta causa revisar el sentido útil de las 

cláusulas que fueron incluidas en su oportunidad para hacer extensiva a Orígenes AFJP S.A. las sanciones 

pecuniarias que podían merecer las conductas reprochadas a las entidades absorbidas. 

18) Que la posibilidad de las sociedades de derecho en general de ceder el activo y pasivo a otra empresa 

regularmente constituida mediante el procedimiento de fusión, importa la sustitución de la persona absorbida 

por la del absorbente en miras a realizar en un solo cuerpo las actividades comerciales que con anterioridad 

desarrollaban en forma separada. No tiene, pues, el propósito de eludir las sanciones de contenido 

económico que pudieron haber quedado pendientes, porque es requisito que la entidad resultante asuma la 

titularidad de los derechos y de las obligaciones de las compañías fusionadas produciéndose la 

transferencia total de sus respectivos patrimonios (art. 82, ley 19.550), lo que es comprensivo no sólo de los 

créditos que la pudieren beneficiar sino también de las deudas que deba soportar en razón de las 

infracciones a normas legales o reglamentarias en que podrían haber incurrido las empresas respectivas. 

19) Que, en tal sentido, se advierte que las condiciones en que se llevó a cabo la fusión evidencian una 

renuncia tácita a cuestionar eventualmente la procedencia de hacer extensiva a la administradora absorbente

 la responsabilidad por las sanciones pecuniarias que podían ser aplicadas a la culminación de los sumarios,

 actitud que en razón de las circunstancias y valoración que razonablemente debió haber precedido a la 

celebración de dicho negocio, deja sin sustento la interpretación formulada por la alzada para rechazar la 

viabilidad de la multa, pues traduce un criterio incompatible con los propios actos de la sociedad que tuvieron 

plena eficacia jurídica. 

20) Que, finalmente, carece de fundamento la afirmación de que nadie advirtió a la compañía absorbente 

acerca de los vicios que impedían la fusión, habida cuenta que, aparte de ser extraño a este debate la 

existencia de tales vicios, las obligaciones puestas a cargo de Orígenes AFJP S.A. a causa de la absorción 

surgen de los mismos términos en que fue resuelta su autorización por la autoridad competente, cuyos

 alcances la administradora no pudo ni debió desconocer. 

21) Que, en tales condiciones, por no constituir lo resuelto una derivación razonada del derecho vigente, y 

dado que la cuestión de fondo vinculada con la configuración de las transgresiones imputadas no ha sido 

materia de debido tratamiento en el pronunciamiento recurrido, corresponde descalificar lo decidido y remitir 

los autos al tribunal de origen para que, por donde corresponda, decida sobre dicho aspecto. 

Por ello y oído el señor Procurador General de la Nación, el Tribunal resuelve:

 Declarar procedente el recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia de fs. 362/365 y ordenar el dictado 

de un nuevo fallo con arreglo a lo expresado en los considerandos que anteceden. Agréguese la queja al 

principal. Reintégrese el depósito. 

 Notifíquese y, oportunamente, remítase. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O`CONNOR - CARLOS S. 

FAYT – AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ – GUSTAVO A. 

BOSSERT – ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ. 

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los veinte días del mes de junio de dos mil uno, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala "E", para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados: "ARGENTORES C/ TELEARTE S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", respecto de la sentencia corriente a fs. 158 , el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

y Perjuicios

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 14 días del mes de Julio de dos mil, 

reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. CámaraNacional de Apelaciones en 

lo Civil, Sala B, para conocer en los recursosinterpuestos en los autos caratulados:

 "Balbuena Villalba Cesar Bernardino y otro c/ Transportes Metropolitanos Roca S.A. s/ 

Daños y Perjuicios" respecto de la sentencia de fs. 283/9, el Tribunal estableció la 

siguiente cuestión a resolver:

Es ajustada a derecho la sentencia apelada? 

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Señores 

Jueces Doctores: GERONIMO SANSO - LUIS LOPEZ ARAMBURU - FELIX R. DE IGARZABAL.- 

A la cuestión planteada el Dr. Sansó, dijo:

1. Contra la sentencia de fojas 283/9 que hizo lugar a la acción de daños causados en un 

accidente ocurrido en ocasión del transporte de pasajeros, interpusieron recursos de 

apelación la parte actora, y la demandada. Aquella lo sostuvo en el memorial de fojas 298/301, contestado a fojas 310/11.   Esta lo hizo a fojas 305/9, replicado a fojas 312/15. 

Los agravios de los accionantes se dirigieron a los importes de la condena por pérdida 

material y daño psíquico, considerándolos insuficientes. 

La demandada cuestiona a su vez la atribución de responsabilidad, argumentando que el 

sentenciante no valoró adecuadamente las constancias de la causa, de conformidad a las 

cuales se habría comprobado que medió culpa de la víctima. Se agravia también de las 

reparaciones por daño emergente, daño moral y psíquico, calificándolas de excesivas. 

2.   Estando discutida la imputación de responsabilidad, corresponde abordar en forma previa 

esta parte de las apelaciones, ya que de su dilucidación dependerá la suerte de los restantes 

agravios. 

Y en orden a esta liminar determinación, corresponde indicar que el régimen de 

responsabilidad contractual, contenido básicamente en el artículo 184 del C. de Comercio , 

impone al transportador para poder liberarse de responsabilidad parcial o totalmente -

parecido a lo que regla el artículo 1113 del C. Civil-, la demostración de que medió culpa de 

la víctima, caso fortuito o intervención de un tercero por quien no debiera responder. 

En el memorial de queja (ver fojas 305/7, le imputa al menor haber viajado en el estribo del 

vagón, agravado por situarse pendiendo sus extremidades inferiores hacia el exterior, lo cual sería una elocuente muestra de imprudencia, y la única explicación posible del accidente. 

Esta línea expositiva no configura crítica concreta y razonada, no reúne los recaudos que la regla del artículo 265 del Código de Procedimientos exige. 

En el presente el damnificado habría sido golpeado por la estructura metálica que está 

instalada entre las vías uno y dos, según expuso el perito (fojas 70 vuelta), y la escasa 

distancia que hay entre los perfiles de los vagones y la aludida armazón - dieciséis 

centímetros- constituía una fuente de peligro para los pasajeros (respuesta 4 de fojas 71). 

 A esto habría que sumar las explicaciones del experto en torno a la diferencia de seguridad 

que es verificable cuando se trata de convoyes eléctricos en vez de los que marchan a tracción. 

En éstos no es posible viajar en los estribos, porque las puertas son corredizas clausuran el 

coche automáticamente, sin que sea posible situarse en los estribos, que por lo demás están 

colocados en posición que resulta inaccesible para el pasajero. (Ver respuesta 5 de fojas 71

vuelta), con la particularidad de que si una puerta no se cierra, la formación no arranca. 

Quedó así comprobado que el transporte no se realizaba con las previsiones y cuidados que 

se impone, dado la naturaleza y características del servicio. 

En esta línea de razonamiento, el señor Juez de la anterior instancia, rememoró pulcramente las constancias del expediente, en relación con las obligaciones del transportador, sin que estas bien fundadas consideraciones fueran siquiera intentadas de rebatir por la accionada apelante. 

Y lo que a mi juicio resulta definitorio es la indiscutible coincidencia de los litigantes respecto 

de un hecho decisivo, el pasajero cayó del tren.

Y con esto basta para que sea a cargo de la empresa la demostración de que medió culpa de la víctima, de un tercero por el que no debiera responder, o el caso fortuito. 

Reconocido que el pasajero se cayó del tren, que el coche no brindaba las seguridades 

adecuadas para evitar que los viajeros se instalen en los estribos, habitualmente por exceso 

de pasaje, que la estructura metálica que golpeara a la víctima constituía un factor singular de peligro; y sin prueba de que la caída se debiera a culpa de aquella, la responsabilidad de la accionada resulta incuestionable. 

Considero por lo tanto que esta parte de los agravios debe ser rechazada.

3.- Daño emergente.   Al ocuparse del reclamo denominado por los actores "valor vida", el 

juzgador invoca doctrina jurídica conforme a la cual los hijos mayores, ascendientes y aún 

terceros deberían demostrar el perjuicio patrimonial en concreto que la desaparición del 

pariente, o víctima del hecho generador, les ocasionaba. Ni siquiera admite que el reclamo 

pudiera tener asidero en una pérdida de chance en dirección a proveer la cantidad requerida 

por los demandantes. Teniendo por verosímil que algo aportara a la economía familiar,

estipula un monto de diez mil pesos, que merece la crítica de los recurrentes. 

La demandada porque entiende que no hay ningún elemento probatorio que convenza de que el menor fallecido contribuyera al sustento de los reclamantes. 

Estos porque arguyen haber probado que el menor trabajaba en un taller de costura, y que su ingreso se adicionaba al materno, únicos emolumentos de la familia, ya que el padre no 

podía laborar. 

Se trata de la denominada "Pérdida de Chance", que por lo general confronta dos extremos 

que se hacen bien evidentes cuando se trata de casos límites; de un lado aquello que podría calificarse como castillos en el aire (en la terminología de Mazeaud-Tunc "Responsabilidad Civil" T.1-I pag.312 N 219), y del otro, la predecible por lo razonable, expectativa de contar conla colaboración de alguien, sea por los lazos de parentesco, unidos a la adhesión y consecuencia que provee el afecto, y la buena crianza así lo determina; sea porque existe deber legal, como el que surge de las disposiciones de los artículos 367 y siguientes. 

Lo que cuenta también, es la probabilidad y la necesidad. Esta última se extrae tanto del 

beneficio de litigar sin gastos (ver fojas  cuanto de los testimonios de fojas 75 y 80 

demostrativos de que se trata de un grupo familiar de menores ingresos. Aquella, 

probabilidad de que la víctima se ocupara laboralmente para obtener ingresos es conclusión 

que se extrae de la misma testimonial, puesto que la condición económica de los 

progenitores impondría contar con los recursos provenientes de la actividad del menor 

desaparecido, para subvenir las necesidades comunes de subsistencia. 

Ahora bien la doctrina -también la jurisprudencia de los tribunales-, propone diversas 

soluciones que van desde un extremo en el que se considera que menores de corta edad no 

habilitan la pretensión, dando justificación a la reparación solamente por el daño moral; 

hasta el otro extremo en que, hasta tratándose de personas por nacer, se estima procedente 

el reclamo (ver en estos sentidos el fallo de la Sala F. publicado en La Ley 1997- B página 201 y siguientes, votos de los doctores Highton de Nolasco, y Posse Saguier, y el ilustrado 

comentario de Manuel Cuiñas Rodríguez). 

El comentarista sintetiza su examen sosteniendo que "La cuestión pasa entonces por 

diferenciar claramente la situación de pérdida de oportunidad actual y cierta, de la pérdida de oportunidad de estar ante la oportunidad misma; la primera hipótesis es resarcible dado que representa la pérdida de una chance en sí, mientras que la segunda no, dado que lo 

acaecido en tal supuesto será la frustración de la chance de estar ante la chance -o lo que es lo mismo, se habrá perdido la chance de tener la chance-, lo cual torna a la posibilidad de

aprovechamiento causal de determinada circunstancia hipotética excesivamente incierta y 

remota". 

 A mi modo de ver la extinción de oportunidad actual y cierta de un provecho, podría constituir en verdad un perjuicio directo. Porque si afirmo que un menor fallecido, estaba trabajando y aportando un ingreso a la familia, se trataría de una pérdida concreta de ayuda, contribución, 

de un daño; en tanto que si el mismo menor no estaba en aptitud de conseguir un ingreso, 

sea por su corta  edad o por otras circunstancias, la llamada "razonable expectativa de los 

padres de contar con la ayuda del hijo en un futuro inmediato, o en lo mediato cuando en la 

vejez hubieran de requerir alguna contribución espontánea o no, directamente no encuadraría en el daño resarcible como pérdida de chance ni bajo ningún otro título. 

Como he dicho, lo que está en juego es la probabilidad, de ningún modo la completa 

certidumbre porque entonces faltaría el elemento de imponderabilidad que signa el 

concepto de pérdida de chance (véase la multitud de ejemplos en Mazeaud - Tunc, obra 

citada página 308/9, tales como "Encargado de conducir al hipódromo un caballo de carrera 

o a su jinete, y debidamente advertido del motivo del viaje el transportista, a consecuencia de una tardanza hace que el caballo no llegue a tiempo para la salida de la carrera, el propietario pierde así una oportunidad de ganar el premio; Un editor se niega a imprimir un manuscrito que, por haber superado una primera prueba eliminatoria, tenía probabilidades de obtener un premio literario..etc.") acompañada aquella probabilidad de características personales que la hagan previsible tanto por las cualidades que se presume adquirirá el menor, cuanto por la situación de los padres, cuya realidad esta sí actual, permite inferir que necesitarán de la contribución del hijo cuanto antes sea posible. 

"Asimismo se ha planteado la cuestión para los padres que reclaman reparación del perjuicio material que les ha causado la muerte de su hijo. Los padres alegan el hecho de que su hijo habría podido subvenir con el tiempo a las necesidades de ellos. )Existe en eso un perjuicio hipotético? Debe hacerse una distinción. Cuando los padres no se encuentran actualmente necesitados, no pueden entablar la acción de reparación; porque no se sabe si habrían llegado a estarlo alguna vez. Pero cuando los padres se hallan en la necesidad, pierden una probabilidad que tenían de ser socorridos y tienen derecho a demandar reparación de la pérdida de esa probabilidad" (Mazeaud-Tunc. obra citada páginas 393/4). 

Finalmente, el quejoso concluye aduciendo falta de prueba de los actores y en el decisorio 

recurrido de indicadores que permitan establecer con alguna aproximación las bases que el 

Juez tuvo en cuenta para la fijación del resarcimiento. 

Se ha manifestado en doctrina la necesidad de "establecer criterios objetivos para fijar los 

montos indemnizatorios (ver L.L. 1995-D-1162 por Patricia Pilar Venegas y autores que allí 

se menciona), atendiendo a visibles desajustes entre sentencias a veces del mismo fuero 

que ya de un modo discrecional, o de irreconocible sustento, reconocen para similares 

detrimentos disímiles indemnizaciones". 

Para Matilde Zavala de Gonzalez, invocándose la equidad, el prudente arbitrio judicial o la 

enunciación de circunstancias cualitativas se esconde la ausencia de todo criterio rector, 

más o menos objetivo o controlable (comentario de la autora citada L.L.1995-B-1163). 

Todas estas apreciaciones lucen atendibles. Empero también lo son aquellas otras que 

desechan los cálculos actuariales, y puramente aritméticos, por constituir simples 

especulaciones desprovistas de fundamento real, ya que siempre tendrán en cuenta 

hipótesis cuya única posibilidad de concreción, se conseguiría averiguar solamente, 

mediante el seguimiento de la existencia que debería continuar, y la verificación del paulatino desarrollo de las potencialidades. Un tanto de adivinación y futurología. 

Por lo demás, hay unanimidad en el concepto de que la vida humana no debe ni puede 

tasarse. Extremo que aún con lo terminante de las coincidencias, tampoco cabría aceptar 

como dogma religioso. Se conoce por ejemplo que en la responsabilidad por el producto 

elaborado, sobre todo farmacéutico, en el denominado "primer mundo", es corriente la 

limitación de la responsabilidad por pérdida de vida hasta un tope fijo, y el sometimiento de 

los eventuales contradictores a un modo alternativo de solución de conflictos, por lo general 

de carácter arbitral. 

En el proyecto de reforma al Código Civil se estaría incorporando también un limite máximo a posibles reclamaciones por los daños encuadrados en la responsabilidad "aquiliana". 

Aceptando las críticas doctrinarias, habría que admitir al mismo tiempo la dificultad para 

evaluar las diversas, numerosas y hasta imprevisibles circunstancias que acontecen en el 

transcurso de la vida, como para aspirar a que el plexo probatorio conduzca a través de un 

camino sencillo de pensamiento y deducción a la exacta determinación de un importe que 

cubra aquello que se pretende reparar. Y como las posibilidades de comprobación en este 

sentido son limitadas (que medios serían tan elocuentes, la testimonial, la informativa etc.?,

 debe reconocerse entonces en homenaje a la claridad objetivada a que se aspira, que para 

conocer con precisión, como se formó el criterio del Juez que lo llevó a la estipulación de un 

determinado importe, habría que ingresar a lo más recóndito de su intelecto, lo que resulta 

imposible. 

Si lo que está a la vista es una posición económica determinada, en el presente caso de 

indiscutible pobreza, por de pronto habrá derecho al resarcimiento. Y en cuanto a la medida 

del mismo, atender primero a que la desaparición del menor disipa absolutamente la 

oportunidad del aporte.   Y luego a la premisa de la necesidad, de la que puede extraerse que

 la contribución, de haberla, estaría destinada a paliar las mas elementales carencias, 

satisfaciendo las esenciales como alimento, suministro de energía eléctrica, agua, gas,

servicios cloacales etc. En resumidas cuentas un indicador sería aquello que las

estadísticas oficiales caracterizan como familia tipo, y otro los necesarios ingresos para la 

subsistencia de esta. A contar de esta línea de razonamiento, y del pronóstico de vida 

posible de las personas, no sería aventurado presumir que la ayuda de no haberse truncado

 la existencia del menor, habría de extenderse por años. 

La cantidad apelada, diez mil pesos, equivaldría a una ayuda de mil pesos anuales durante 

diez años, o a quinientos pesos anuales durante veinte. Y en esta línea de análisis a 

ochenta y tres pesos mensuales, o cuarenta y uno con cincuenta centavos. 

Debe tenerse en cuenta que el menor tenía diecinueve años; que los progenitores cuentan al 

presente con sesenta y uno y cuarenta y ocho años de edad que el promedio de vida se 

estima excediendo los setenta años. De hecho entonces se puede establecer un paralelo de 

prolongada existencia y vinculación entre padres e hijo. 

Tomando como guía las precedentes determinaciones, que tampoco conducen a especular 

con la regularidad de los aportes, a la periodicidad y cantidad, concuerdo con los actores 

apelantes en que la indemnización establecida en el fallo no se asiste de razonabilidad en lo 

atinente a la cuantía. 

De tal modo, considero que una calificación de las circunstancias apuntadas debe conducir a 

que el resarcimiento estipulado, sea ajustado a ellas, y por lo tanto propongo elevar la 

indemnización. Tengo en cuenta para ello que el causante contaba a la fecha del accidente, 

como he dicho diecinueve años de edad, el hermano menor nueve y sus padres cuarenta y 

cinco y cincuenta y ocho respectivamente, lo que induce a presumir que la ayuda habría de 

prolongarse por décadas. En virtud de ello, propicio fijar una indemnización de Treinta mil 

pesos a favor de los demandantes.

4.   Daño psíquico: En la demanda se reclamó por este detrimento, y para ambos actores un 

total de Doce mil pesos, comprensivo de los costos de terapia. (Fojas 19 vuelta y 20). 

La sentencia no reconoce autonomía al perjuicio, salvo que incida o pudiera influir en las 

ganancias de la persona afectada, en mérito de lo cual limita el solamente a favor de la 

madre de la víctima, partiendo de la premisa de que si el padre no trabajaba, no podría 

experimentar merma alguna de ingresos. 

Los actores apelantes se quejan de que el juzgador no reconociera siquiera los costos de 

tratamiento psicoterapéutico para ambos, obviando la incapacidad de la madre. 

Por su lado, la demandada critica la cantidad fijada como compensación aduciendo que no 

hubo pérdida de ingresos en la co- actora. 

Participo del criterio que considera que :"El déficit en el ámbito psíquico, debe ser diferenciado 

del daño moral, dado que, si bien ambos afectan el equilibrio espiritual del damnificado, 

aquel reviste connotaciones de índole patológica. Asimismo debe diferenciarse de la 

incapacidad sobreviniente, que ha sido tipificada como la disminución de las facultades 

atinentes a lo laboral y al resto de la vida social. El daño psicológico puede dejar incólumes 

las posibilidades laborales y el resto de las aspectos vitales de un ser humano,

considerados en su proyección hacia el mundo exterior y sólo producir consecuencias 

disvaliosas en su vida interior" C.N. Civil Sala D.16-6-92 Peralta,Antonio c/Herman, Ramon E. 

A", voto del doctor Daray La Ley 1992-E-24 citado en "Paez, Pablo c/MORETO, 

Carlos" N1187.941). 

Empero en relación con el detrimento del actor, el sentenciante se inclina por incluir el 

perjuicio en la reparación por el daño moral, sin pronunciarse acerca de los gastos de 

tratamiento. 

Si los computa a la hora de indemnizar a la madre, para la cual estipula una composición de 

cinco mil pesos. 

Por más que se considere justa la indemnización por el agravio moral, interpreto que hay 

razón en las quejas, en la medida que de conformidad con aquella directiva jurisprudencial 

que discrimina el detrimento psíquico, separándolo del daño moral y de la disminución 

general de aptitudes, correspondería proveer a la consecuente retribución. 

Y siendo que de acuerdo al dictamen pericial, no objetado en este aspecto, ambos 

demandantes necesitan asistencia terapéutica por el lapso de dos años, creo que el reclamo 

debe ser admitido, tomando como pauta lo indicado en el peritaje (dos sesiones semanales 

por dos años) a un costo promedio de treinta y cinco pesos la sesión. En total entonces Diez mil cuatrocientos pesos para cada uno de los actores.

5. Daño Moral: solamente lo cuestiona la demandada (fojas 308 vuelta)

El desacuerdo que las apelantes traen con respecto a la indemnización por el agravio moral 

de la actora, no pasa de la disconformidad, y de la pretendida imputabilidad de la víctima 

descalificando el importe de la condena, que no podría proporcionar a quien la recibe, un 

injustificado enriquecimiento patrimonial. 

Con lo cual no hay refutación, en la inteligencia de que los padecimientos de los 

demandantes, acentuados por las diversas particularidades que el pronunciamiento recoge, 

habilitaban la reparación concedida con justicia, que debe confirmarse. 

Propongo por lo expuesto que al recibirse los agravios de la parte actora en forma parcial, se modifique la sentencia apelada, elevando los importes de condena por daño emergente 

(pérdida de chance) y tratamiento psicológico, de acuerdo a lo indicado en los capítulos 3 y 4 precedentes. Con las costas de Alzada, a la vencida. 

Los   Dres. López Aramburu y   de Igarzabal, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Sansó votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta. 

Con lo que terminó el acto: GERONIMO SANSO - LUIS LOPEZ ARAMBURU - FELIX R. DE

IGARZABAL.-

Es fiel del Acuerdo.-

Buenos Aires, Julio 14 de 2000.-   

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se 

confirma la sentencia apelada en lo principal que decide, modificándosela en cuanto a los 

montos indemnizatorios estipulados en concepto de daño emergente y tratamiento 

psicológico, los que se fijan en pesos treinta mil ; y en pesos diez mil cuatroscientos, ambas 

para cada uno de los coactores, conforme se explicitara en los capítulos 3 y 4. Costas de

Alzada a la vencida.   

 Notifíquese y devuélvase.- 

 _________________________________________

 Y VISTOS:

 Los recursos de apelación interpuestos a fs. 181 por la actora y a fs. 183 por

la demandada contra la sentencia de fs. 163/73vta., que se encuentran fundados

con los memoriales de fs. 187/94vta. y 196/211, respectivamente, y las

contestaciones de fs. 213/15 y de fs. 217/34, y

 CONSIDERANDO:

 1. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires interpuso acción de

responsabilidad y reparación de daños y perjuicios contra EDESUR SA., con el

objeto de que se la condenara a la reparación de los daños sufridos por los

damnificados de la Ciudad de Buenos Aires (usuarios y terceros), entre los que

se incluyó, derivados de la falta de provisión eléctrica ocasionada por el corte de

energía que tuvo lugar el 15 de febrero de 1999. 

 Respecto de éstos últimos, la Defensora fundó su legitimación, sustancialmente, en

la Constitución Nacional, en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y en la

Ley 3 de la Legislatura de Buenos Aires. Asimismo, solicitó que se fijara el

procedimiento sumarísimo previsto en los arts. 52 y 53 de la ley 24.240 y que la

condena declarase la responsabilidad de la demandada por los daños causados a los

damnificados indeterminados que serían individualizados a través del procedimiento

de ejecución de sentencia, indicándose la forma de efectuar la citación pública de

éstos para que se presenten a estimar y demostrar el daño propio. 

 2. La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda

promovida y condenó a EDESUR SA a pagar a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de

Buenos Aires, los daños causados, a determinarse en la etapa de liquidación. 

 A su vez, frente al hecho de que no se admitió la paralización de este proceso

hasta que concluyera la causa penal invocada por la demandada, el Sr. Juez

aceptó que -aún cuando la accionada había consentido la resolución del ENRE que

expresamente valoró que la interrupción no fue por razones de caso fortuito o

fuerza mayor, sino por fallas en las instalaciones del sistema de distribución-,

si se probaba en dicho proceso la existencia de un hipotético sabotaje con

aptitud para excluir su responsabilidad, la demandada reclame en autos la

repetición de las sumas abonadas como consecuencia de ese pronunciamiento (ver

considerando IV, último párrafo). 

 La sentencia se encuentra apelada por ambas partes, cuyos recursos serán

analizados -en los próximos considerandos- en forma individual, junto con los

fundamentos vertidos en el pronunciamiento recurrido, comenzando, por razones

obvias, con el de la demandada. 

 Recurso de apelación de la demandada (fs. 196/211):

 3. Para admitir el reclamo efectuado por la Defensoría del Pueblo en nombre

propio por los daños que habría sufrido como consecuencia del corte de energía

eléctrica, el Sr. Juez decidió, en primer lugar, la aplicabilidad de la Ley de

Defensa del Consumidor 24.240, en virtud de lo dispuesto en los arts. 1 y 25. 

 En ese marco normativo, concluyó que resultaba correcto el trámite sumarísimo

impreso a la causa (art. 53 de la ley 24.240), en la medida que era necesario

resolver en forma razonablemente expeditiva la situación de los usuarios

afectados y, por lo tanto, no correspondía admitir prueba que permitiera a la

concesionaria derivar su responsabilidad hacia terceros porque significaría una

denegación de justicia a los perjudicados, sin perjuicio del derecho de la

demandada de repetir, en su caso, contra quien fuera finalmente responsable. 

 En lo relacionado con la responsabilidad de la empresa demandada, determinó que

tenía naturaleza objetiva, habida cuenta de que su obligación de proveer en forma

correcta el servicio eléctrico era una obligación de resultado y, en esas

condiciones, bastaba con probar el incumplimiento y el daño sufrido, admitiéndose

únicamente como causales liberatorias la culpa de la propia víctima o de un

tercero por quien no debe responder y que fuese totalmente ajeno a la esfera de

actuación o al riesgo propio de la empresa, o bien el caso fortuito en sentido

estricto. 

 En ese orden de ideas, y basándose en la circunstancia de que no se encontraba

discutido el incumplimiento de la obligación de prestar el servicio de suministro

eléctrico en el modo convenido, ni surgía de la causa que se hubiese probado el

casus, el sentenciante atribuyó el daño a la responsabilidad objetiva de la

empresa demandada. En cuanto al caso fortuito, hizo mérito de que no fue alegado

en sede administrativa. 

 La responsabilidad de la demandada fue fundada también en la doctrina de los

actos propios, en virtud de la conducta seguida por la demandada en los

expedientes administrativos -en la medida que consintió las Resoluciones ENRE 222

y 292/99-, como así también de la implementación del plan de resarcimiento

voluntario ofrecido por la empresa a los usuarios. 

 Asimismo, el Sr. Juez aclaró que el reconocimiento del derecho invocado por la

actora no implicaba admitir una responsabilidad sin daño, pues por la gravedad

del siniestro, resultaba público y notorio, difiriéndose su determinación a la

etapa de liquidación. 

 Para concluir, decidió que la ley 24.240 regula la reparación del daño sufrido por

el usuario con independencia de las multas establecidas por los organismos

reguladores, pues de otra manera se estarían creando cuestiones no justiciables

en el ámbito de la responsabilidad civil. 

 4. La demandada se agravia, en primer término, del trámite sumarísimo que se le

fijó a las presentes actuaciones, argumentando que se trata de un proceso de daños

y perjuicios respecto del que no se demostró que hubiera urgencia alguna en

resolver, y que la accionante no está incluida en los arts. 52 y 53 de la ley 24

240. A ello, agregó que los usuarios ya percibieron un importante resarcimiento

en virtud de las multas aplicadas por el ENRE y por el plan de resarcimiento

voluntario, por lo que la demanda debió tramitar por la vía del procedimiento

sumario, máxime cuando el monto demandado seguramente supere el establecido para

el proceso sumarísimo y no existe un acto u omisión que en forma actual lesione,

restrinja o altere un derecho. 

 El segundo agravio que formula la accionada se refiere a la denegatoria de la

totalidad de la prueba que ofreciera con el sólo argumento de considerarla

superflua. De ese modo, sostiene que se la privó de acreditar en esta causa las

eximentes de responsabilidad, mientras que en sede penal se están investigando

las causas del incendio de la Subestación Azopardo que originó el corte de energía,

en tanto que en sede administrativa no existe todavía una pericia concluida sobre

la base de la cual se pueda juzgar adecuadamente la responsabilidad civil de

EDESUR. 

 Así también, cuestiona los efectos que el sentenciante le asignó al consentimiento

de las resoluciones administrativas del ENRE, pues, según aduce, de ningún modo

pueden servir de base para declarar su responsabilidad civil en instancia

judicial. Por otro lado, sostiene que, debido a las características

extraordinarias del evento, no le resultó posible invocar el caso fortuito o la

fuerza mayor dentro del plazo de 48 horas establecido en sede administrativa, no

existiendo norma alguna que prohíba en la instancia judicial invocar y probar su

existencia. 

 En ese sentido, argumenta que una cosa es la responsabilidad de la prestadora

del servicio frente a sus usuarios en los términos del contrato de concesión y

bajo apercibimiento de sanciones mayores por parte del organismo de control, y

otra distinta es su responsabilidad civil frente a un actor que interpone una

demanda para obtener el resarcimiento de daños y perjuicios eventualmente no

abonados. Agrega que las potestades del Estado en la relación derivada del

contrato de concesión no pueden ser extendidas sin más al proceso judicial, como

asimismo que las penalidades resarcitorias impuestas por el ENRE se basan en el

derecho público, el que se rige por principios diferentes de los del derecho

privado. 

 El último agravio de la empresa demandada radica en la falta de prueba del daño

invocado por la Defensoría del Pueblo, no encontrándose, por lo tanto, comprobado

efectivamente el perjuicio que habilite dictar una condena en su contra. En esa

linea argumental, niega que el art. 165 del Código Procesal permita efectuar la

determinación de los daños hipotéticamente sufridos por la actora. 

 Especialmente, señala que la Defensoría no ha probado en la etapa procesal

correspondiente, entre otros extremos, que sufrió un corte de suministro eléctrico

 que dicho corte tuvo dos días de duración, que su personal no haya podido

trabajar, que hubiese sido necesario declarar asueto por tal circunstancia, que

no contaba con un grupo electrógeno instalado en el edificio, que la eventual

falta de iluminación no podía ser reemplazada por la luz diurna. 

 Sobre la base de estos argumentos, la demandada concluye que se han vulnerado

sus derechos constitucionales de defensa en juicio (debido proceso), de

propiedad y de igualdad ante la ley, solicitando que se declare la nulidad de

todo lo actuado en el proceso y, en subsidio, que se disponga la producción de la

prueba denegada en los términos del art. 379 del Código Procesal o se aguarde la

finalización de la pericia que se está llevando a cabo en instancia penal.

 5. El agravio relativo al tipo de proceso fijado no es admisible. Ello es así,

debido a que si la providencia que así lo dispuso es inapelable en virtud de lo

dispuesto en el art. 319 del Código Procesal, no resulta posible introducir como

agravio dicha cuestión en oportunidad de recurrir la sentencia definitiva, pues

ello importaría dejar sin efecto la citada norma. El ordenamiento procesal no

difiere la oportunidad para revisar el trámite que le ha sido fijado al juicio,

sino que determina directamente su inapelabilidad. 

 En efecto, tal como lo ha señalado este Tribunal en anteriores oportunidades, la

disposición del art. 319, último párrafo, del ritual, eleva a la categoría de

principio general la irrecurribilidad de todas aquellas providencias en las

cuales se establece la clase de proceso aplicable (cfr. esta Sala, causas 1996

97 del 23-4-98 y sus citas, 4773/99 del 9-9-99: Palacio, Lino E., Estudio de la

reforma procesal, pág. 214; Loutayf Ranea, Roberto G., El Recurso ordinario de

apelación en el proceso civil, t. 1, pág. 371; Falcón, Enrique, Código Procesal

Civil y Comercial de la Nación, t. II, págs. 531/32 y nota 11; Fenochietto-Arazi,

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. 2, págs. 62/63). 

 Ello es así, desde que no corresponde apartarse de ese principio cuando el Juez

no ha hecho más que determinar, dentro de la órbita de sus facultades regladas, la

clase de procedimiento a seguir (cfr. esta Sala, causas 1996/97 y 4773/99,

citadas). 

 Y aun cuando, en la hipótesis más favorable a la recurrente, se considerase que

este supuesto no se encuentra comprendido en la limitación establecida en el art.

319 del Código Procesal, tampoco se puede examinar la cuestión en esta oportunidad

 por cuanto la demandada no recurrió oportunamente la decisión de fs. 30 que, con

fundamento en el art. 53 de la ley 24.240, imprimió a estas actuaciones el trámite

de juicio sumarísimo; recurso que no se encontraba alcanzado por la

inapelabilidad dispuesta en el art. 498, inc. 5, del ritual, ya que hubiese

estado dirigido a cuestionar, precisamente, el trámite fijado al juicio (cfr.

esta Sala, causa 4773/99, citada). 

 Por el contrario, en la medida que, al contestar la demanda, afirmó que el

trámite impuesto impedía la interposición de excepciones de previo y especial

pronunciamiento (ver fs. 40 vta., pto. A, primer párrafo), se debe concluir que

consintió la providencia que fijó la clase de juicio.

 6. En lo que concierne a la denegatoria de la prueba ofrecida por la accionada

 este Tribunal considera que, en virtud de los fundamentos en los que el Sr. 

Juez se basó para establecer la responsabilidad de EDESUR SA, el agravio

planteado no es suficiente para revocar la sentencia. 

 En el pronunciamiento recurrido se decidió que, tanto la conducta seguida en el

expediente administrativo -en especial, el consentimiento efectuado por la

demandada en sede administrativa respecto de las Resoluciones ENRE N 222/99 y N

292/99-, como el plan de resarcimiento voluntario implementado por la empresa,

comprometieron su posición para los actos posteriores, por lo que la actitud

asumida en este juicio en cuanto a su responsabilidad, la colocaba en

contradicción con sus propios actos. 

 El examen de las constancias arrimadas a esta causa llevan a la misma conclusión

 Según surge de los expedientes administrativos agregados, EDESUR SA admitió su

responsabilidad frente a los usuarios por la interrupción del suministro de

energía eléctrica producida a partir de la falla ocurrida en la Subestación

Azopardo el 15 de febrero de 1999, por lo que no es aceptable que cuando se la

demande judicialmente por esa circunstancia, pretenda negarla. 

 La demandada consintió en sede administrativa, sin hacer reserva alguna, las

Resoluciones ENRE N 222/99 del 17-2-99 y N 292/99 del 21-2-99. En efecto, en la

Resolución ENRE N 471/99 del 6-4-99 (ver fs. 803/27 del expediente administrativo

6205) -que rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por EDESUR SA contra

la Resolución 292 y remitió las actuaciones a la Secretaría de Energía para la

consideración del recurso de alzada deducido subsidiariamente-, se hace expresa

mención del consentimiento de la demandada respecto de la Resolución 222 y de la

falta de alegación del caso fortuito o fuerza mayor (fs. 815). 

 Pero con posterioridad, la demandada desistió de los recursos de reconsideración

y alzada en subsidio interpuestos contra la Resolución 292, expresando que la

decisión se enmarcaba dentro de la política de la Empresa que "la impulsó a fijar

criterios más acordes con las características inusuales y extraordinarias de la

contingencia desencadenada por el incendio" y a reemplazar al Gerente General

por un ejecutivo que "contara con poder de decisión para implementar rápidamente

un plan de resarcimiento a los usuarios, que saliera a paliar de inmediato las

consecuencias de la falla" (fs. 856; el subrayado pertenece a la Sala). Este

desistimiento se tuvo presente mediante la Resolución ENRE N 549/99 del 22-4-99 

fs. 960). 

 Cabe aquí recordar que en la Resolución 222, se instruyó a EDESUR SA a efectuar

bonificaciones a los usuarios afectados, por haberse considerado que de la

información brindada por la propia distribuidora surgía que la interrupción no se

había producido por razones de caso fortuito o fuerza mayor sino por fallas de

instalaciones que integran su propio sistema de distribución, ubicadas en un

ámbito que se encuentra bajo su exclusiva guarda, desprendiéndose de ello la

inexistencia de causas que la eximieran de responsabilidad (ver fs. 23/26 del

expediente administrativo 6205; el subrayadoado pertenece al Tribunal). 

 Ante esa situación, la Resolución 292 dispuso el pago de los montos allí fijados 

adicionales a los correspondientes a la Resolución 222-, en concepto de daños y

perjuicios, incluido el daño moral, provocados a los usuarios afectados por la

interrupción del suministro de energía iniciado el 15-2-99 (fs. 274/79).

 7. Por otro lado, la demandada se ocupó de manifestar reiteradamente, tanto en

las actuaciones labradas por el ENRE, como en forma pública, a través de distintos

medios, que el incendio del 15-2-99 de la Subestación Azopardo, que interrumpió el

suministro de los usuarios, se produjo por una falla en un empalme de un cable

de alta tensión, las que se reiteraron, con iguales características a la anterior,

en oportunidad de intentar energizar los empalmes para reparar una de las ternas

de los cables dañados (ver en especial declaraciones del Gerente General de

EDESUR en la Cámara de Diputados de la Nación del 9-3-99, obrante a fs. 610/17 del

expte. 6205; asimismo, fs. 53, 58, 109, 332 de esas actuaciones; en el mismo

sentido, ver informe preliminar de EDESUR a fs. 93/97, solicitada de fs. 70,

comunicados de fs. 427/29 y presentación del 8-3-99 -fs. 578-, del expte. ENRE

6215 agregado a esta causa). 

 Especialmente, se debe destacar que en la recién citada declaración del Gerente,

se expresó que "...nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad frente a lo

ocurrido. Por tanto, pagaremos a nuestros clientes ...] los resarcimientos

voluntarios que antes detallara" (fs. 617 del expte. 6205; el destacado

pertenece a la Sala). Sobre este plan de resarcimiento que voluntariamente

ofreció EDESUR a los usuarios afectados por el corte de suministro de energía, da

cuenta la solicitada publicada en el diario Clarín del 10-3-99 (ver copia de fs.

628), y la presentación efectuada por la empresa ante el ENRE el 25-3-99 (fs. 699

700). 

 Asimismo, no se puede dejar de considerar que en el descargo presentado por

EDESUR en el expte. ENRE 6215 a los cargos formulados por los hechos

mencionados en las Resoluciones ENRE 294/99 y 290/99 (fs. 563/82), se expuso que

"...podemos afirmar que falló el empalme realizado por Pirelli, existiendo una

precisa presunción por las características que tuvo la falla, que ésta se originó

por vicios existentes en el papel utilizado en el empalme...", agregándose que 

La narración de los hechos no tiene como propósito, frente a la interrupción del

suministro, deslindar nuestra responsabilidad como prestadores del servicio

público, por más que eventualmente se configuren presupuestos de imputabilidad en

el contratante ejecutor de los empalmes, dada su especialidad en la materia" 

ver fs. 565/66; el destacado y subrayado se encuentran en el original). 

 Para finalizar con los actos que demuestran cuál fue la conducta observada por

la demandada frente a los hechos que motivaron este juicio, es importante

remarcar que, luego de dictada la sentencia de primera instancia, publicó una

solicitada en la que se expresó que "EDESUR reitera que su responsabilidad

objetiva en el caso fue reconocida por la propia empresa desde el momento en que

se decidió pagar un resarcimiento voluntario y que fueron aceptadas las

Resoluciones ENRE N 222 y 292/99" (ver fs. 212; el destacado es del Tribunal). 

Esta manifestación de la accionada corrobora las apreciaciones hasta aquí

formuladas y resulta sustancial para juzgar la procedencia del agravio que ha

expresado (arg. art. 163, inc. 5, in fine, del Código Procesal), constituyendo un

hecho del cual el Tribunal no puede prescindir a fin de resolver la cuestión que

le ha sido planteada (art. 163, inc. 6, segundo párrafo, del ritual). 

 8. Frente a la conducta de la demandada adoptada en sede administrativa y

frente a los medios públicos, como asimismo, ante el Congreso de la Nación, no se

puede acoger el agravio formulado en cuanto a la aplicación al caso de la

doctrina de los actos propios, máxime cuando además de haber admitido la

responsabilidad frente a los hechos que aquí se analizan, sólo atribuyó la causa

del incendio a la falla en un empalme realizado por su contratista (ver además de

las constancias citadas en los párrafos anteriores, copia del Acta Acuerdo

suscripta el 17-2-99 entre EDESUR SA, Alstom Argentina SA, y Pirelli SA, obrante

en el Anexo 11, del cuerpo 8, de la documentación acompañada por la actora),

circunstancia que el Sr. Juez se ocupó de desestimar como causal de eximición de

responsabilidad (ver fs. 172, tercer párrafo, in fine), y que no fue objeto de

una crítica concreta y razonada por parte de la recurrente. 

 En esa situación, admitir el argumento de la demandada en cuanto a que se debe

distinguir entre la responsabilidad que le cabe frente a los usuarios en los

términos del contrato de concesión y la responsabilidad civil frente a una demanda

judicial para obtener los daños y perjuicios eventualmente no abonados, implicaría

permitir que contradijera sus propios actos, lo cual resulta inadmisible pues,

como se decidió en la instancia anterior, no se puede mantener una conducta

incompatible con otra anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente

eficaz (cfr. Corte Suprema de la Nación, Fallos: 307:1602, 311:856, 314:145, 315

1738, 316:225 y 1803, 317:1759, entre otros; esta Sala, causas 1339/97 del 8-5

97 y 4744/94 del 30-4-98). 

 La conducta que se asume frente a un hecho que es susceptible de generar

responsabilidad es única y no contradictoria, no se puede dividir de acuerdo con

los intereses que se puedan tener en los distintos ámbitos, y de acuerdo con

criterios de conveniencia que se oponen a la buena fe que el prestador de un

servicio público debe observar respecto de los distintos involucrados en esa

actividad, tanto frente al ENRE que tiene como función su control (art. 56 de la

ley 24.065), como a quienes resultan ser los usuarios, cuyos derechos deben ser

protegidos, precisamente, por el Ente (art. 2 de la ley 24.065). 

 En ese orden de ideas, no está demás recordar que una de las consecuencias del

deber de obrar y de ejercer los derechos de buena fe, es la exigencia de un

comportamiento coherente, el cual significa que, cuando una persona, dentro de

una relación jurídica, ha suscitado en otra con su conducta una confianza fundada

en un determinado comportamiento futuro, según el sentido objetivamente deducido

de la conducta anterior, no la debe defraudar y es inadmisible toda actuación

incompatible con ella. La exigencia jurídica del comportamiento coherente está de

esta manera estrechamente vinculada a la buena fe y a la protección de la

confianza (cfr. L. Diaz-Picazo Ponce de León, "La doctrina de los propios actos

, Edit. Bosch, Barcelona, 1963, pág. 142, núm. 5, citado en las sentencias de

esta Sala, causas 7787/93 del 30-12-93 y 6733/91 del 29-12-94, votos del Dr. 

Pérez Delgado, y resoluciones 6733/91 del 10-2-98, 927/98 del 26-5-98 y 1010/92

del 9-6-98; Corte Suprema, doct. Fallos 312:1725 y "Estructuras Tafí SACI y otro

c. Tucumán, Pcia. de y otro s. daños y perjuicios", E.129.XXIV, del 8- 9-98). 

 La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en ese sentido al

decidir que es exigible a las partes un comportamiento coherente, ajeno a los

cambios de conducta perjudiciales, debiéndose desestimar toda actuación que

implique un obrar incompatible con la confianza que merced a sus actos

anteriores, se ha suscitado en la otra parte (Fallos 315:158 y 890). 

 Por lo demás, el Alto Tribunal ha expresado que la postura sostenida en la

instancia judicial no puede ser receptada en la medida que se contradice con la

adoptada en sede administrativa, correspondiendo el rechazo del agravio con

fundamento en la doctrina de los actos propios (Fallos 275:235, 294:220, 300:480

y 909, 307:1602, 308:72, 315:890 y 320:2233). 

 En ese entendimiento, la postura asumida por la recurrente es inadmisible por

cuanto implicaría admitir que se conduzca de una forma en sede administrativa 

frente a la posibilidad de que el ENRE le impusiera otras sanciones-, o bien

ante la opinión pública o el Congreso de la Nación -con la intención de proyectar

una determinada imagen frente a los usuarios, a los medios periodísticos y al

Estado, a través de uno de sus órganos-, para luego adoptar una diametralmente

opuesta, cuando algún usuario reclama la reparación de los daños y perjuicios

ocasionados. Tal actitud se contradice con el principio de buena fe que debe

regir entre las partes que integran una relación contractual, como la que existe

entre el prestador de un servicio público y el usuario, regulada constitucional y

legalmente (arts. 42 C.N. y arts. 1 y 25 ley 24.240). 

 De tal manera, la demandada con su propia conducta anterior a este juicio, y

también con la observada con posterioridad a la sentencia de primera instancia,

no hizo más que confirmar la presunción de responsabilidad prevista en el art. 30

de la ley 24.240 para los casos de interrupción del servicio público domiciliario;

norma que resulta de aplicación supletoria al sub examine (art. 25), según lo

decidido por el Sr. Juez y que no ha sido motivo específico de agravio.

 9. Así decidida la cuestión concerniente a la responsabilidad de la demandada,

el replanteo de prueba formulado en los términos del art. 379 es inadmisible,

pues los medios probatorios desestimados a fs. 96 resultan ajenos a los

fundamentos que llevaron a confirmar la sentencia recurrida en este particular

aspecto. 

 Por las mismas razones, tampoco es admisible la petición efectuada, con carácter

subsidiario, en el sentido de que se aguarde la finalización de la pericia que se

está realizando en instancia penal, más cuando con ello se persigue modificar la

decisión recaída a fs. 157/58 -que desestimó el planteo formulado en los términos

del art. 1101 del Código Civil- sin efectuar una crítica concreta y razonada de

los fundamentos expuestos en esa resolución, ni de lo dispuesto en el

considerando IV, último párrafo, in fine, de la sentencia apelada. 

 10. En lo relativo al agravio vinculado con la falta de prueba del daño

invocado por la actora, no se debe perder de vista que si bien es cierto que, en

principio, la determinación de responsabilidad presupone la existencia de un daño

demostrado (cfr. arts. 1109 y ss. del Código Civil), en este caso concreto no

existe un agravio actual e irreparable que lleve a admitir el recurso impetrado,

puesto que tal como lo decidió el juzgador, en la etapa de ejecución de sentencia

se deberán determinar, por el trámite de los incidentes, los daños causados a la

accionante (ver Considerando III, último párrafo, fs. 172vta., y parte dispositiva

de la sentencia), extremo que supone, necesariamente, la acreditación del

perjuicio. 

 Por lo tanto, la accionada deberá responder sólo si la actora acredita los daños

invocados y su extensión. 

 Recurso de apelación de la actora (fs. 187/94vta.):

 11. Para desestimar el reclamo efectuado por la Defensora invocando la

legitimación respecto de los usuarios y terceros damnificados de la Ciudad de

Buenos Aires, el Sr. Juez, luego de efectuar un análisis comparativo entre el

Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y el de la Nación, definió las

características del interés difuso o colectivo, invocado por la actora,

concluyendo que el corte de suministro de energía eléctrica había afectado en forma

particularizada a un grupo de personas determinadas, pero sin interesar a la

comunidad en su conjunto. 

 En ese entendimiento, invocando un precedente de la Sala B de la Cámara Civil,

concluyó que el Defensor del Pueblo no estaba habilitado a ejercitar remedios u

acciones dejados de utilizar por la persona cuyo derecho habría sido vulnerado,

sino en los casos de derechos subjetivos públicos o intereses generales de los

miembros de la comunidad. 

 Por último, interpretó que si bien tanto la Constitución Nacional como la

Constitución Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires reconocían en forma equivalente

los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios de obtener la

protección de sus intereses, en modo alguno importaba un reconocimiento de que la

Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires pudiera ejercer una acción

reclamando que se estableciera la responsabilidad por los daños y perjuicios

sufridos por los damnificados por el corte de luz, desde que en nuestro derecho

no se contemplaba la posibilidad de ejercer las denominadas acciones de clase.

 12. Los agravios de la actora se dirigen, en primer lugar, a cuestionar la

aplicación del precedente invocado por cuanto, según considera, se trataba de un

supuesto diferente al que aquí se examina, donde la acción entablada es por los

usuarios de un servicio público, en la que la legitimación viene dada expresamente

por el art. 43 de la Constitución Nacional y el art. 14 de la Constitución de la

Ciudad de Buenos Aires. En esa inteligencia, aduce que encontrándose

comprometido el interés de un determinado grupo (usuarios del servicio de

electricidad), también queda comprometido el propio interés de la comunidad, por

lo que no aparece como razonable dejar librado exclusivamente a la iniciativa

individual la gestión de ese interés, pues el daño que se ocasiona a las personas

individualmente consideradas puede no ser significativo o resultar insuficiente

como para afrontar los riesgos y erogaciones de una acción singular. 

 En segundo lugar, se agravia la Defensoría porque estima que la acción entablada

no es una típica acción de clase como la del derecho norteamericano, sino que sólo

tiene ciertos elementos en común, como ser la circunstancia de involucrar a un

grupo importante de personas afectadas en forma similar por el mismo hecho

atribuido a la misma persona o empresa, con la consiguiente concurrencia de

necesidad de concentración, economía, sorteo de dificultades, costos y demás

obstáculos que cada una de las personas debe afrontar, lo que impide generalmente

acceder a la justicia. Como nota distintiva, indica que en este caso la acción

es ejercida por un órgano oficial expresamente facultado para actuar por los

usuarios de un servicio público (arts. 43 C.N. y 137 de la Constitución de la

Ciudad de Bs. As.), mientras que la típica acción de clase es deducida por uno o

varios afectados en representación de los demás. 

 Al respecto, sostiene que no es exacto que nuestro derecho no contemple la

posibilidad de ejercer las denominadas acciones de clase -que se encuentran

previstas también para proteger intereses privados o individuales comunes-, pues

considera que no hay ninguna norma que lo prohíba, en tanto que el art. 43 de la

Constitución Nacional habilita esta acción, desde que se refiere al usuario y al

consumidor, y a los derechos de incidencia colectiva en general, categoría de

tutela que, según entiende, tiene gran extensión. 

 Finalmente, destaca la recurrente que la acción ejercida procura salvar los

obstáculos que dificulta el acceso a la justicia de los particulares,

constituyendo el único medio que tienen los usuarios y consumidores de un

servicio público para canalizar sus derechos frente a las grandes corporaciones.

 13. Los planteos de la actora exigen, en primer lugar, analizar si la acción de

responsabilidad y reparación de daños y perjuicios sufridos por los usuarios y

terceros, interpuesta por la Sra. Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires contra la empresa EDESUR SA., invocando legitimación constitucional,

se encuentra comprendida en el art. 43 de la Constitución Nacional. 

 Esta norma dispone que podrán interponer acción de amparo "contra cualquier forma

de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la

competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia

colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que

propendan a esos fines, registrados conforme a la ley, la que determinará los

requisitos y formas de su organización". 

 De ese modo, la reforma constitucional otorgó protección a los intereses

denominados difusos o colectivos, o de pertenencia difusa, a los que denomina 

derechos de incidencia colectiva" (cfr. Germán Bidart Campos, Tratado Elemental

de Derecho Constitucional Argentino, T. IV, La Reforma Constitucional de 1994,

seg. reimpresión, EDIAR, pág. 318; Néstor P. Sagües, Derecho Procesal

Constitucional, Acción de Amparo, T. 3, 4ta. edic, Ed. Astrea, 1995, págs. 674/75

. 

 El interés difuso, llamado también fragmentario, colectivo o supraindividual, ha

sido caracterizado como aquél que no pertenece a una persona determinada o a un

grupo unido por un vínculo o nexo común previo, sino que corresponde a un sector

de personas que conviven en un ambiente o situación común. Es decir, se trata de

un bien que pertenece a todos y al grupo, pero que es indivisible, por lo que la

satisfacción del interés respecto de uno de ellos importa la de todos (cfr. 

Angelina de De la Rúa, La protección de los llamados intereses difusos en la

Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Córdoba, LL 1996-B-789). 

 En esa misma idea, se ha señalado que el constituyente, al tutelar los derechos

de incidencia colectiva en el art. 43, hace referencia a intereses típicamente

sociales o grupales, como los vinculados con el medio ambiente y la salud pública

(cfr. Humberto Quiroga Lavié, El Amparo Colectivo, Ed. Rubinzal-Culzoni, 1998,

pág. 42).

 14. La inclusión de esta norma en la Constitución Nacional de 1994 tiene como

antecedente, sin duda alguna, la problemática suscitada tanto en la doctrina como

en la jurisprudencia, sobre la titularidad o legitimación para la defensa de

estos derechos colectivos. 

 En efecto, contra la resistencia de cierto sector a reconocer legitimación

activa para peticionar judicialmente por estos intereses, fundada en la

clasificación tripartita de las prerrogativas individuales (divididas en "derecho

subjetivo", "interés legítimo" e "interés simple"; ver Miguel Marienhoff, 

Nuevamente acerca de la acción popular. Prerrogativas jurídicas. El interés

difuso", ED 106-92), se fue abriendo camino la protección de los derechos difusos

o colectivos (entre otros, ver sentencia del Juzgado en lo Contencioso

Administrativo Federal N 2, in re "Kattan Alberto c. Poder Ejecutivo Nacional",

del 10-5-83, LL 1983-D-576, con nota de Guillermo Cano; CNCivil, Sala K, "Cartañá

Antonio c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", del 28-2-91, con nota

de Germán Bidart Campos, ED 142-666 y de Augusto Morello y Gabriel Siglitz, "Los

intereses difusos y su adecuada protección judicial. Operatividad del amparo

colectivo", Doctrina Judicial 1991-II-471; Corte Suprema de Justicia de la Nación

 in re "Ekmekdjian Miguel c. Sofovich Gerardo y otros", del 7-7-92,

Considerandos 24 y 25, ED 148-354). 

 Por lo tanto, en el art. 43 de la C.N. se reconoció una acción para proteger los

derechos de incidencia colectiva, que ya había sido admitida con anterioridad en

algunos pronunciamientos judiciales, en los que se cuestionaban actos de la

Administración vinculados con el medio ambiente ("Kattan") o con valores

históricos, culturales, científicos, arquitectónicos y paisajísticos de la Ciudad de

Buenos Aires ("Cartañá"), o religiosos de la comunidad ("Ekmekdjian"). 

 Con posterioridad a la reforma constitucional de 1994, el art. 43 de la C.N.

fue invocado, con distintos resultados, en acciones dirigidas a cuestionar: un

concurso público para la selección de proyectos para la instalación de plantas de

tratamientos de residuos peligrosos ("Schroder Juan c. Estado Nacional", CNFed.

 Cont.Adm., Sala III, del 8-9-94, LL 1994-E-449); la intervención de la Comisión

Nacional de Telecomunicaciones ("Consumidores Libres Coop. Ltda.c. Estado

Nacional", CNFed. Cont.Adm., Sala V, del 20-10-95, LL 1995-E- 469 y Corte

Suprema, del 7-5-98, LL 1998-C-601), el rebalanceo de las tarifas del servicio

telefónico ("PRODELCO c. PEN s. amparo", Corte Suprema, del 7-5-98, ED 177-620 y

"ADELCO Liga del Consumidor c. Estado Nacional s. amparo", CNFed. Cont.Adm.,

Sala III, del 12-5- 98, ED 178-731); gravámenes al consumo de energía eléctrica (

Asociación de Grandes Consumidores de Energía Eléctrica de la Rep.  Argentina 

AGUERRA- c. Pcia. de Buenos Aires", Corte Suprema, del 22-4-97, Fallos 320:690)

o a la medicina prepaga ("ADECUA c. Poder Ejecutivo Nacional", Juzgado en lo

Contencioso Administrativo Federal N 1, del 18-3-99, LL 1999-C-190); la prórroga

del periodo de exclusividad de las licenciatarias del Servicio Básico Telefónico

Nacional e Internacional sin audiencia pública previa ("Youssefian Martín c. 

Estado Nacional s. amparo", CNFed. Cont.Adm., Sala IV, del 23-6-98). 

 Asimismo, fue invocado a fin de que se completase la producción de una vacuna

contra la fiebre hemorrágica argentina y se implementase una campaña para

restablecer el ecosistema ("Viceconte M. c. Estado Nacional s. amparo", CNFed. 

Cont.Adm., Sala IV, del 2-6-98), y también para que se garantizase la

participación de los consumidores, a través de alguna de las organizaciones de sus

derechos, en el Ente Regulador de Servicios Sanitarios de la Pcia. de Santa Fe (

Liga Santafecina en Defensa del Usuario y del Consumidor c. Poder Ejecutivo",

CCivil y Com. Rosario, Sala III, del 29-3-96, LL 1997-A-188).

 15. La reseña del considerando anterior permite ratificar los conceptos hasta

aquí vertidos sobre los derechos de incidencia colectiva previstos en el art. 43

de la Constitución Nacional. En todas las acciones interpuestas en los casos

recién citados, se encontraban directamente comprometidos intereses generales o

públicos de la sociedad, relacionados con el medio ambiente, la salud pública, los

servicios públicos, y no derechos subjetivos, individuales o exclusivos de los

ciudadanos o usuarios. 

 En esa inteligencia, se impone concluir que la legitimación de las personas

indicadas en la norma constitucional -entre las que se menciona al defensor del

pueblo- para interponer la acción de amparo allí prevista, es sólo para los

supuestos en que se encuentren comprometidos derechos de incidencia colectiva,

con el alcance recién precisado.             

 En lo que concierne a los derechos que protegen al usuario, alcanzados por la

tutela constitucional del amparo, la redacción del art. 43 de la C.N. exige hacer

una aclaración. Al respecto, se ha precisado, con razón, que la ubicación

contextual de la regla en el ámbito de protección de los derechos de incidencia

colectiva determina que la tutela se encuentra dispuesta en relación con los

derechos públicos de la sociedad y no con el de los particulares damnificados 

que encuentran protección en el primer párrafo del artículo-, pues la utilización de

la expresión "en general" pone de manifiesto que los supuestos mencionados

anteriormente -como el de los usuarios-, son especies de derechos de incidencia

colectiva (cfr. Humberto Quiroga Lavie, "El amparo, el habeas data y el habeas

corpus en la reforma de la Constitución Nacional", en el libro "La Reforma de la

Constitución explicada por miembros de la Comisión de Redacción", Ed. Rubinzal

Culzoni, pág. 143). 

 Las consideraciones hasta aquí efectuadas, nos llevan al convencimiento de que

la legitimación prevista en el art. 43 de la C.N. para interponer un amparo

colectivo, no alcanza al supuesto sub examine, por cuanto la acción deducida por

la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires persigue que se determine

la responsabilidad de la empresa EDESUR por la interrupción del servicio de

energía ocasionado por el incendio de la Subestación Azopardo del 15-2-99, y que

se la condene por los daños y perjuicios sufridos por los usuarios afectados. 

Tampoco cabe prescindir, en este aspecto de la cuestión, de la ubicación y

denominación que el constituyente le dio a la acción prevista en el art. 43,

segundo párrafo, de la C.N., pues el amparo resulta, como principio, ajeno a las

pretensiones relacionadas con la responsabilidad contractual y con la

indemnización de daños y perjuicios.)

 Ello es así, pues se trata de un reclamo que tiene por finalidad la reparación de

un daño esencialmente individual y propio de cada uno de los afectados, que es

exclusivo de cada usuario. No estamos en presencia aquí de un derecho de

incidencia colectiva con el alcance que se le otorga en el art. 43 de la C.N.

para legitimar al defensor del pueblo, desde que no se reclama ni el

restablecimiento del servicio público ni su eficaz funcionamiento, garantizado en

el art. 42 de la Constitución Nacional a todos los usuarios en general. 

 En efecto, cada uno de los afectados tiene en este caso un derecho subjetivo,

individual y exclusivo, y por lo tanto posee legitimación para reclamar el

resarcimiento de los daños que ha sufrido; legitimación que no se hubiese podido

cuestionar aún antes de la reforma constitucional de 1994, que precisamente tuvo

por objeto -en esta materia- asegurar la protección judicial de los derechos

difusos o colectivos confiriendo una legitimación especial a los sujetos

indicados en el art. 43. 

 Es que, cuando no se afectan intereses comunitarios o generales sino un derecho

subjetivo, de modo que el damnificado se encuentra en condiciones de reclamar

judicialmente, el Defensor del Pueblo no puede invocar la legitimación del art.

43 de la C.N. para interponer las acciones que su titular exclusivo dejó de

utilizar (cfr. doct. CNCivil, Sala B, in re "Ombudsman de la Ciudad de Bs. As.

c. Municipalidad de Bs. As.", del 4-5-95, JA 1995-IV-33). 

 16. Y si bien el hecho en cuestión ha tenido características como para afectar

en forma masiva a los usuarios del servicio público de electricidad (adviértase

que el corte de energía tuvo incidencia inicial sobre más de 155.000 usuarios; ver

informe obrante en el expte. adm. ENRE N 6205, fs. 13, agregado a esta causa),

ello no modifica lo expuesto, habida cuenta de que la intención del constituyente

ha sido la de crear una categoría especial de legitimados para circunstancias en

donde el dato caracterizante pasa por la proyección del agravio concreto, y no

necesariamente por la concurrencia de perjudicados (cfr. Alfredo S. Gusman, 

Situaciones jurídicas subjetivas en el derecho administrativo", ED 182- 1059). 

 La situación que se genera a partir de los hechos que causan daños estrictamente

patrimoniales e individuales a una inmensa cantidad de personas es diferente a

la que se contempló en el art. 43 de la Constitución Nacional. 

 Los problemas suscitados a partir de los daños masivos, que se relacionan con la

necesidad de facilitar el acceso a la justicia de una gran cantidad de afectados

que reclaman la reparación de daños y perjuicios (que individualmente pueden tener

escaso monto) y, al mismo tiempo, de evitar la proliferación innecesaria de

litigios similares -en los que puedan recaer sentencias contradictorias-

afectando una eficaz prestación del servicio de justicia, han sido canalizados en

el derecho comparado a través de otras acciones, como por ejemplo, la class

action del derecho norteamericano, invocada por la actora, diferente a la del

art. 43 de la C.N..

 17. La class action o acción de clase ha sido descripta como un sistema

procesal en el cual una persona o un pequeño grupo de personas pueden representar

a un gran número de individuos que tienen un interés común, a quienes les resulta

imposible actuar a través de un litisconsorcio por tratarse de una clase

demasiado numerosa. Los que reclaman lo hacen como representantes de la clase

sin que exista autorización o mandato, encontrándose expresamente regulados los

requisitos para que la acción pueda tramitar como una class action (ver artículo

de Alberto Bianchi,"Las acciones de clase como medio de solución de los problemas

de la legitimación colectiva a gran escala", en Revista Argentina del Régimen de

la Administración Pública, Edit. Ciencias de la Administración, abril 1998, Año XX,

N 235, págs. 13/35). 

 Contrariamente con lo que sucede en nuestro ordenamiento jurídico, la class

action se encuentra extensamente regulada en la Regla 23 de Procedimiento Civil

para los Tribunales Federales. Contiene disposiciones esenciales al debido

proceso, como por ejemplo, las que establecen como requisito la notificación a

todos los miembros de la clase, otorgándoles la posibilidad de ser oídos o de

excluírse del litigio (que resulta más estricta aún en las acciones de daños) y que

tienen directa relación con los efectos vinculantes de la sentencia para quienes

no han participado en el proceso (ver Julio Cueto Rúa, "La acción por clase de

personas", publ. en LL 1988-C- 952). 

 La Defensora del Pueblo de la Ciudad funda su legitimación en normas

constitucionales, lo cual es muy diferente a lo que sucede en la class action,

en la que una persona acude ante un tribunal en representación de una determinada

clase, sin autorización o mandato, existiendo expresas normas que tienen por

finalidad que se represente adecuadamente a todos los miembros de la clase. 

 En esas condiciones, consideramos que no son atendibles los argumentos que

efectúa la actora relacionados con la class action a fin de fundar la legitimación

invocada.

 18. Desestimados los argumentos basados en el art. 43 de la Constitución

Nacional y en la class action, sólo queda analizar si existe en el ordenamiento

jurídico una norma que le otorgue la legitimación que la Defensora del Pueblo de

la Ciudad ha invocado. 

 En su memorial de agravios, la recurrente sostuvo que interpuso la acción como

órgano oficial expresamente facultado para actuar por los afectados, que son

usuarios de un servicio público, invocando el art. 137 de la Constitución de la

Ciudad de Buenos Aires. 

 Esta norma, que incorpora a la Defensoría del Pueblo como un órgano de la

constitución, prevé que su misión es "la defensa, protección y promoción de los

derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos

tutelados en la Constitución Nacional, las leyes y esta Constitución, frente a los

actos, hechos u omisiones de la administración o de prestadores de servicios

públicos. Tiene iniciativa legislativa y legitimación procesal. " (el subrayado

pertenece a la Sala). 

 Del texto de la norma, no cabe sino inferir que la legitimación procesal que se

le otorga a la Defensoría del Pueblo es para cumplir con su mandato

constitucional (cfr. Augusto Morello y Carlos Vallefín, "El Amparo. Régimen

Procesal", 3ra. edic., Librería Editor Platense, Cap. XXII, El amparo en la

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, pág. 339; en igual sentido, artículo de

los mismos autores en ED 170-1020). 

 Entre las funciones previstas en el art. 137 se incluye la defensa, protección y

promoción de los derechos individuales tutelados por la Constitución Nacional, las

leyes, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, frente a los hechos u

omisiones de prestadores de servicios públicos. 

 Si bien esta norma se asemeja a la prevista en el art. 86 de la Constitución

Nacional, el constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, precisó que los derechos

cuya protección se le encomienda al Defensor del Pueblo incluye a los

individuales -además de los difusos y colectivos- amparados constitucional o

legalmente, mencionando entre los sujetos pasivos a los prestadores de los

servicios públicos. 

 De conformidad con este régimen constitucional, las mismas funciones fueron

otorgadas a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en el art. 2,

de la Ley 3 (B.O. de la Ciudad de Bs. As. N 394 del 27-2-98), previéndose entre

sus atribuciones la de promover acciones administrativas y judiciales en todos

los fueros, inclusive el federal (art. 13, inc. h). 

 En tales condiciones, la competencia y legitimación prevista en el art. 137 de

la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires resulta aun mayor que la otorgada

por el art. 86 de la C.N. al Defensor del Pueblo de la Nación, el que no actúa

como abogado privado sino cuando la situación de indefensión del particular es

inocultable, restricción que no alcanza al órgano de la Ciudad (cfr. Humberto

Quiroga Lavié, "Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, comentada", Ed. 

Rubinzal-Culzoni, 1996, pág. 382).                 

 Siendo el art. 137 la norma constitutiva de la Defensoría del Pueblo de la

Ciudad de Buenos Aires -que no es contradictoria con las previsiones de la

Constitución Nacional, sino que tiene por finalidad otorgar una protección mayor

de los derechos de los usuarios de los servicios públicos de la Ciudad de Bs. As

, garantizados por ambas Constituciones (arts. 42 C.N. y 46 de la Ciudad) y por

la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor (arts. 1 y 25), que en este supuesto

resultaron afectados por la interrupción en el suministro de energía eléctrica que

originó el presente juicio- no se advierte impedimento alguno para reconocer su

aplicación al caso y admitir la legitimación invocada por la accionante.

 19. Así admitida la legitimación de la actora, no desconocemos que no se

encuentra prevista en nuestro ordenamiento procesal una acción con las

particularidades que presenta la que aquí se deduce. 

 Tampoco perdemos de vista al tomar esta decisión, que nuestra estructura

procesal, sólo está preparada para albergar al clásico caso judicial, y no para

afrontar las dificultades que presenta el caso colectivo. Cuando la Reforma de

la Constitución Nacional reconoció la existencia de nuevos derechos, ampliando la

protección jurisdiccional a través de la legitimación de distintos sujetos, se

produjo un impacto en el ámbito del proceso, que incide no sólo en los sujetos que

pueden integrar la litis, sino también en los efectos mismos de la sentencia (cfr

 CNFed. Cont.Adm., Sala IV, in re "Youssefian", del 23-6-98, cit.). 

 Sin embargo, ello no es razón para negar la legitimación constitucional que tiene

la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires para accionar por los

derechos de los usuarios, que se encuentran reconocidos constitucionalmente 

arts 42 C.N. y 46 de la Constitución de la Ciudad). 

 Como lo ha reconocido con anterioridad esta Sala al decidir cuestiones

vinculadas con la prestación de servicios monopólicos, "no estamos ante frases que

en la constitución sirvan para exhibir linduras literarias, sino ante normas

jurídicas obligatorias y vinculantes. La obligación de las autoridades a proveer

protección a los derechos de usuarios y consumidores para -entre otras cosas-

proteger a la vez la calidad y eficiencia de los servicios públicos, alcanza sin

duda alguna a los jueces, que también son autoridades en cuanto órganos del poder

judicial" (cfr. Germán Bidart Campos, "El servicio telefónico y el art. 42 de la

Constitución", nota al fallo de esta Sala en la causa "Goyena c. Telecom" n 822

93 del 11-7-95, publicada en ED del 21-11-95, en el mismo sentido, causas 10.245

93 del 10-6-97 y 10.447/94 "Las Tapas SA c. EDESUR SA. s. incumplimiento de

contrato", del 9-12-97, voto del Dr. Pérez Delgado). 

 La falta de regulación legal no autoriza a ocluir el ejercicio de los derechos

garantizados a través de los sujetos constitucionalmente legitimados para hacerlo

(cfr. CNFed. Cont.Adm., Sala III, in re "ADELCO" del 12-5-98, cit.). Es que,

siguiendo los principios sentados por la Corte Suprema hace más de cuarenta años 

in re "Siri", del 27-12-57, Fallos 239:459), los jueces debemos acordar

protección a los derechos y garantías constitucionales, sin excusarnos en la falta

de una ley que los reglamente o de un procedimiento legal apto para su ejercicio

 pues estos no han sido reconocidos como simples fórmulas teóricas, sino que

poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda

la Nación.(Este criterio puede observarse en el fallo del Alto Tribunal en la

causa "Ekmekdjian c. Sofovich", del 7-7-92, ant. cit., al admitir la

representación colectiva del accionante.) 

 Y no puede cuestionarse la solución que aquí se adopta, con fundamento en la

legitimación individual que tiene cada uno de los usuarios para reclamar su

derecho, pues el constituyente de la Ciudad de Buenos Aires le ha otorgado esa

misma legitimación a la Defensoría del Pueblo para accionar por los derechos

individuales de éstos; máxime cuando la acción intentada resulta, en este caso, la

más idónea para la efectiva protección de una gran cantidad de usuarios afectados

por la interrupción de un servicio público. 

 En un precedente del Alto Tribunal -precursor en cuanto a la protección de los

derechos y garantías constitucionales- se ha destacado que, ante los problemas

suscitados a partir de la irrupción en la vida social de las grandes empresas,

con un enorme poderío material y económico, y la consiguiente amenaza para el

individuo y sus derechos, la Constitución no desampara a los ciudadanos ni les

impone necesariamente recurrir a la defensa lenta y costosa de los

procedimientos ordinarios, remarcando que las leyes no pueden ser interpretadas

sólo históricamente, sin consideración a las nuevas condiciones y necesidades de la

comunidad (in re "Kot", del 5-9-58, Fallos 241:291). 

 Estos principios cobran hoy especial trascendencia, habida cuenta de que el

indebido funcionamiento de los servicios públicos es susceptible de provocar daños

con impacto colectivo o ambiental. El desarrollo industrial y tecnológico impone

nuevos derechos y garantías de los ciudadanos, como los reconocidos en el art. 42

de la C.N. -que establece que las autoridades deben proveer al derecho de los

usuarios a la calidad y eficiencia de los servicios públicos- , y paralelamente

de acciones y procedimientos aptos para su protección. 

             La decisión que aquí se adopta, se enrola en esos postulados, pues

sin duda alguna facilita el acceso a la justicia de los usuarios afectados por

la interrupción de un servicio público - generalmente dificultada tanto por su

posición débil que tiene en la relación jurídica con la empresa prestadora como por

la menor entidad de los daños que desalienta su reclamo-, garantizando de ese

modo el derecho a la igualdad ante la ley.

 20. Tampoco se puede dejar de considerar que el hecho que originó la promoción

de la presente acción afectó a cientos de miles de usuarios. 

 Frente a una situación de esas características, se ha señalado que una efectiva

tutela judicial de los derechos de los usuarios requiere que se enfaticen los

mecanismos colectivos que para ello existen a fin de resolver los conflictos que

involucran a una gran cantidad de afectados, sin resentir el funcionamiento de

los tribunales de justicia (cfr. Agustín Gordillo, "Tratado de Derecho

Administrativo", Fundación de Derecho Administrativo, 1998, T. 2 "Defensa del

Usuario y del Administrado", Cap. VI, pág. 29), y que en este caso se encuentra

previsto a partir de la legitimación reconocida a la Defensoría del Pueblo de la

Ciudad de Buenos Aires en el art. 137 de la Constitución de esa Ciudad Autónoma,

órgano legalmente habilitado para demandar ante este Fuero Federal (art. 13, inc.

h, de la Ley 3 de la Ciudad de Buenos Aires). 

 Por lo demás, es razonable que frente a una gran cantidad de situaciones análogas

se dicte una sola sentencia que comprenda a todas -si existe una norma que así lo

permita-, evitándose así un dispendio inútil de actividad jurisdiccional (cfr. 

Ricardo Lorenzetti, "La acción de amparo para la participación de las asociaciones

en el control de los servicios públicos", LL 1997-A- 188; Patricio Maraniello 

Los efectos erga omnes en las sentencias de las asociaciones de consumidores y

usuarios", LL 1999-C- 190).

 21. Con arreglo a las consideraciones precedentemente efectuadas, corresponde

hacer lugar al recurso de apelación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de

Buenos Aires y, por lo tanto, admitir la legitimación invocada respecto de los

usuarios afectados por la interrupción de suministro de energía ocurrido en esta

Ciudad a partir del día 15 de febrero de 1999, con motivo del incendio ocurrido

en la Subestación Azopardo. 

 En atención a las particularidades de la acción deducida, y en virtud de lo hasta

aquí expuesto, se admite la demanda interpuesta y se declara la responsabilidad

de EDESUR SA en el hecho recién mencionado. 

 En lo que respecta a los daños y perjuicios que eventualmente pudieron sufrir

los usuarios afectados por la interrupción del servicio de energía eléctrica

referido, aquéllos que se considerasen con derecho, podrán ocurrir ante los

tribunales correspondientes y por la vía que estimen pertinente, o que en cada

caso se fije de acuerdo con las particularidades que cada uno pudiera presentar. 

 Como aquí se ha emitido un pronunciamiento en cuanto a la responsabilidad

reconocida por la demandada en los hechos que motivaron este juicio, es

conveniente aclarar que en esos eventuales juicios que se inicien para probar y

determinar los daños y perjuicios de los usuarios afectados por el corte de

energía en cuestión, la demandada podrá plantear -en lo que hace a los daños-

aspectos propios de cada caso particular, que no hayan sido materia de este

pleito. 

 La forma de poner en conocimiento de los usuarios la sentencia que se dicta,

quedará a cargo exclusivamente de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos

Aires, en forma extrajudicial y por los medios que ella estime pertinentes, y

sin obligación alguna por parte de la demandada en ese aspecto. 

 Por supuesto, habida cuenta de la forma en que aquí se decide, la eventual

promoción de juicios por parte de los afectados a fin de reclamar los daños y

perjuicios que pudieran haber sufrido con motivo del hecho que aquí se analizó, o

los que ya se hubiesen iniciado a ese fin, no se acumularán a estas actuaciones.

 22. En atención a las particularidades y complejidad de las cuestiones

decididas, como asimismo, la novedad que presentan algunos de los aspectos que

se han analizado, las costas de esta instancia, como las correspondientes a la

anterior -en la parte que se revoca la sentencia apelada-, se distribuyen por su

orden (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal). 

 En virtud de los fundamentos expuestos, el Tribunal RESUELVE: 1. Confirmar la

sentencia apelada en cuanto hizo lugar a la demanda promovida por la Defensoría

del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires por su propio derecho; 2. Revocarla en

cuanto rechazó la legitimación invocada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad

de Buenos Aires, haciéndose lugar a la demanda con el alcance precisado en el

considerando 21 del acuerdo precedentemente transcripto. 

 Por las razones expuestas en el considerando 22, las costas se distribuyen por

su orden. 

 Intervienen únicamente los jueces firmantes por encontrarse vacante la restante

vocalía (art. 109 del RJN). 

 Regístrese, notifiquese y devuélvase. 

 Firmado: Francisco de las Carreras y Martín D. Farrell

 Carlos A. Petre (Secretario) 

Sala “G”                                               

Al anotar el fallo de la Corte en "Rudaz Bissón",concluye Victor Bazán que "el precedente analizado constituye una evidencia en el sentido de que en la hora actual el tribunal no adhiere orgánicamente a la aludida doctrina, sino que se trata del criterio al que individualmente adscriben algunos de sus integrantes" conclusión que centra "en el campo de la responsabilidad civil" (El fin y los medios (El standard de la malicia real en la percepción de la Corte: más interrogantes que certezas), diario El Derecho del 28-9-98, cap. III, 3), B) y nota . En forma similar se manifiesta Pizarro sobre el mismo fallo (Responsabilidad de los medios de prensa por los agravios vertidos a través de la publicación de una carta abierta dirigida a su director, Jurisprudencia Argentina, semanario 6127, del 3 de febrero de 1999). Y en fecha más reciente, en el diario El Derecho del 10 de junio del mismo año, expresa Juan Cianciardo en su nota referida a los casos "Cancela" y "Amarilla": "puede verse con nitidez la necesidad de que el Tribunal elimine la dispersión de votos que suele afectar a sus decisiones en los casos de libertad de prensa, dotando a los abogados y a los tribunales de pautas que permitan conocer del modo más claro posible el sentido y alcance de la doctrina de la real malicia", reclamo que ya había sido formulado por Pizarro en su comentario al fallo de la Corte en el caso "Gesualdi" (La doctrina de la real malicia en la actual jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Jurisprudencia Argentina, semanario 6045, 9-7-97). Conviene no olvidar que la doctrina de que se trata si bien en su país de origen "proveyó al periodismo un medio adecuado de tutela ante acciones de calumnias e injurias promovidas por funcionarios públicos, su posterior y desmesurada evolución expansiva, se tradujo en un abuso de la doctrina fundacional con que la prohijara la Corte de los EE.UU., al consagrar un irrazonable privilegio a las empresas que regentean los medios de comunicación masiva, trayectoria previsible de sus posibilidades frente al aprovechamiento -nada inocente- que de ella hicieron los medios" (cfr. Augusto Mario Morello "¿Es prescindible la doctrina de la "real malicia? ("Actual malice"), diario La Ley del 16-12-97).